El Sr. Rodrigo Arias Sánchez es doblemente culpable. Es
culpable, en primer lugar, por haber gastado alegremente, en una clásica
maniobra politiquera de favorecimiento personal y tráfico de influencias,
varios millones de dólares cuyo único y exclusivo propietario era el Estado
costarricense y es, en segundo lugar, culpable por haber utilizado el
subterfugio de mantener esos fondos en la caja del donante, el BCIE, a fin de
poder cometer alegremente, el ilícito de gastar esos dineros como si fueran
propios.
Podríamos agregar, en tercer lugar, que nadie puede gastar
dinero en Costa Rica por cuenta del Estado costarricense, salvo el Estado
mismo, aunque un juez o una jueza, da lo mismo, ignorante y complaciente,
llegue al extremo de exonerar o declarar inocente a un Ministro de Estado
porque un organismo internacional alcahueta, le sirviera de tapadera para que
gastara el dinero, propiedad del Estado, como si fuera suyo.
De modo que igualmente cómplices son los funcionarios del
BCIE que permitieron las maniobras de encubrimiento y llegaron al extremo de
pagarles directamente a los beneficiados con las generosas contrataciones de
don Rodrigo Arias.
Además, ¿se produjo o no una donación de fondos del BCIE al
gobierno de Costa Rica? Claro que sí. En las actas de ese banco debe constar
este hecho incontrovertible. De modo que es irrelevante quién lo gastara o cómo
se gastara. Por eso declaramos que hemos solicitado copia de esa acta a la
gerencia del BCIE, la que con seguridad consignará lo que hemos dicho. Sólo
esperamos que los cómplices del señor Arias no la hayan traspapelado en alguna
gaveta.
Agregamos, ¿En qué cabeza cabe que los donantes de fondos
para el Estado costarricense, puedan ser al mismo tiempo los administradores de
esos fondos? ¿No está implícita en la fórmula inventada por Rodrigo Arias y su
compadre del BCIE, una nueva modalidad de corrupción y coloniaje en la que
Costa Rica le otorga a un organismo internacional, o a un Estado extranjero, la
capacidad de decidir en qué se gastan los fondos donados, a quién se le paga,
cuánto se le paga y para qué se le paga, sólo para encubrir las decisiones
directas y las responsabilidades implícitas de un funcionario local?
¿No sería lo mismo que para encubrir maniobras y acciones
similares, la Señora Presidenta, Doña Laura Chinchilla, le encargara al
gobierno de China, que les entregara poco a poco, directamente y según sus
propias instrucciones, a cada Municipalidad, a cada Ministerio o Institución
pública, a cada funcionario contratado o a cada consultor beneficiado, una
parte de los fondos que le fueron donados, con el propósito de eludir los
mecanismos legales de fiscalización interna, incluidas las acciones de la
Contraloría?
Por supuesto que doña Laura no hará eso. Porque una donación
al Estado o al Gobierno, no es el relleno de una piñata, empleado para repartir
alegremente y sin control ninguno, fondos que no son de ninguna manera,
propiedad del funcionario en cuyas manos quedaron. Con toda seguridad, Doña
Laura someterá la donación de fondos del gobierno de China, a los rigurosos
controles que imponen las leyes.
Ha llegado la hora, después de todas las amargas
experiencias vividas, que en Costa Rica los políticos responsables de actos bochornosos,
dejen de ampararse en los fallos judiciales, generalmente obtenidos a base de
presiones o influencias, para exhibir los sobreseimientos como muestra de no
haber cometido ningún delito. Dicho en otras palabras, cuando un político o un
funcionario público es llevado a los estrados judiciales a fin de que sea
sancionado con una pena en virtud de un acto impropio o de un delito puro y
simple, marchan por un lado las responsabilidades judiciales y penales y por el
otro, las responsabilidades éticas y políticas.
Se trata de responsabilidades y culpas de distinta
naturaleza. La responsabilidad penal se deriva de la comisión de un acto
expresamente sancionado por la ley. La responsabilidad política proviene de la
obligación, general y particular, que tienen los políticos y los funcionarios
públicos de actuar con honradez y apego a los intereses colectivos, de actuar
como servidores de los principios de la ética y la moral, aunque esos actos no
sean sancionados penalmente.
El error frecuente proviene de confundir un perdón judicial
con un perdón político, ético y moral. Un político puede obtener un
sobreseimiento definitivo y sin embargo, haber actuado al amparo del poder y
cometido innumerables actos inmorales. En realidad, la mayor parte de los
delitos políticos no están claramente tipificados en los códigos, aún cuando
sean más graves que muchos delitos penales. La mayor parte de los delitos
políticos se realizan al amparo de un instrumento social que los ampara o los
encubre por completo: el Poder. Este instrumento social permite, directamente o
indirectamente, favorecer los hechos más vergonzosos, las violaciones más
graves, las acciones más ilegítimas y violatorias contra la ciudadanía, tales
como el favorecimiento de grandes intereses, como facilitar negocios, estafas o
contrataciones amañadas, como permitir el rápido y oscuro enriquecimiento de
amigos, familiares o allegados, cómo facilitar el nombramiento de jueces
corruptos, dispuestos a obedecer sin rechistar, las órdenes que provengan de
Casa Presidencial etcétera y todo esto, realizado en el mayor sigilo y la más
absoluta impunidad.
Por esta razón, los pueblos deben ser extremadamente
vigilantes y severos a la hora de decidir a quién o a quiénes se les delega el
manejo del aparato del Estado.
Articulo: Alvaro Montero Mejía
Fuente: Crhoy.com
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