Sin lugar a dudas, el hecho político más importante en la
Centroamérica de finales de esta primera década del 2000, ha sido el golpe de
Estado de la oligarquía y los militares hondureños y la respuesta que les ha
dado el hermano pueblo de Honduras.
Si los grupos golpistas estaban lejos de
imaginar la respuesta positiva de la comunidad internacional, cuya condena ha
sido prácticamente unánime, menos pudieron suponer que los hondureños,
sometidos durante décadas al enorme poder de una oligarquía insaciable, al
control económico y social de las empresas bananeras y en los últimos años, de
las corporaciones trasnacionales y las maquiladoras, sería capaz de responder
con la altivez y el decoro con que lo ha hecho.
En este sentido, los
hondureños nos dieron a los costarricenses una lección cívica y sobre esta
misma premisa quisiéramos establecer algunas analogías que son mucho más que
simples parangones o comparaciones. Primero debemos constatar que, en el caso
de Honduras, estamos en presencia de un golpe de Estado “sui generis”, de una
modalidad golpista que resulta, en muchos aspectos, novedosa aunque no única,
como veremos posteriormente.
Es cierto que en Honduras los militares cumplieron
con la regla de oro de ser la fuerza bruta ejecutora, detrás de la cual se
escuda el sector más retrógrado de la oligarquía criolla, de las corporaciones
y las maquiladoras. Eso no es lo novedoso.
Sin embargo, aunque estamos en presencia de un ejército
golpista, apoyado por el sector de la clase dominante, a estos grupos se agrega
prácticamente todo el aparato estatal, por lo que podemos hablar, a justo
título, de una institucionalidad integralmente golpista.
En efecto, desde el momento de la detención y
expulsión del país del Presidente, tanto la Asamblea Legislativa como el
Tribunal Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Procuraduría
del Estado y otros órganos adheridos al aparato estatal, formaron un solo coro
en el que manifestaban su respaldo a la defenestración del Presidente.
Aunque pareciera un hecho enteramente nuevo, los golpistas
hondureños, se apoyaron en un ejemplo o más bien, en un modelo recientemente
practicado en otro país centroamericano: Costa Rica. Fue aquí, en este país,
donde tuvo su inicio esta nueva "técnica del golpe de Estado" como
escribió Curzio Malaparte hace cerca de 80 años. Esto lo veremos
detalladamente.
Alguien debió
explicarles a estos golpistas hondureños, con lujo de detalles, la
importancia de contar con el control absoluto de la institucionalidad.
La
existencia de esa que hemos llamado "institucionalidad golpista" y
que parece un hecho contradictorio, es la mejor prueba de que, durante una
buena parte de su historia y en particular durante los últimos decenios, las
clases dominantes y sus aliados externos si habían enseñoreado del control
absoluto del aparato del Estado.
En buena teoría, esta situación ocurre
invariablemente en casi todos los países del mundo. Una clase o una coalición
de clases sociales económicamente poderosas, asume invariablemente el mando y
control del Estado y no permite que las iniciativas, exigencias, controles o
representantes de los grupos o clases económicamente desfavorecidas, se
filtren, o se infiltren, en ese aparato.
De modo que, en apariencia, no estaríamos diciendo
absolutamente nada nuevo. Sin embargo, en Honduras se produjo esa
"filtración". Un equipo de hombres y mujeres, dispuestos a
representar no los intereses consagrados e históricos de la oligarquía y el
imperio, sino los del pueblo raso, adquirieron influencia y poder de decisión
en el Poder Ejecutivo. Su presencia en el aparato del Estado, en este caso en
el Poder Ejecutivo, resultó absolutamente legítima puesto que adquirieron ese
mandato de representación y decisión, en unas elecciones presidenciales que
expresaron la voluntad de la mayoría.
Es muy probable que algunos de estos actores, ni siquiera
hubieran pensado hace algún tiempo, en asumir ese papel. Pero la vida cambia a
las personas honradas y progresistas; enfrentadas a situaciones de crisis, las
acerca con sensibilidad y claridad al fondo de los acontecimientos, la
radicaliza y pueden terminar optando por los intereses del pueblo, aunque ese
no fuera su propósito inicial. Lo mismo ocurrió en Costa Rica durante el Referéndum
de 2007.
Al producirse esa ruptura determinante en el equilibrio del
poder oligárquico, la reacción no se hizo esperar. Primero lanzaron contra
Zelaya toda la artillería de los grandes medios de comunicación, secuestraron
los papeles de una consulta popular sin carácter vinculante, luego vino un
amago de acusación por violación constitucional que no pasó del intento hasta
que, poniendo en duda la eficacia de esos métodos, recurrieron al único que les
quedaba: el golpe. Pero como hemos dicho, no fue un simple cuartelazos sino una
acción pacientemente planeada.
La conclusión no puede ser más clara. En la Centroamérica de
nuestros días, ni las oligarquías ni el imperio, pueden permitir que se
desprendan más eslabones en su cadena de control sobre una de las zonas
estratégicas más importantes del mundo. Dijimos en otra oportunidad, que el
istmo centroamericano es un paso fundamental entre el océano histórico del
desarrollo capitalista y la expansión colonial, el Atlántico y el mar del siglo
XXI, de cara al impetuoso desarrollo económico y militar del Asia, el Pacífico.
Centroamérica continúa como el paso más directo y expedito entre el este y el
oeste de los Estados Unidos.
Con todo y eso, las distintas repúblicas centroamericanas,
tienen también diferentes grados de importancia relativa en relación con la
economía y la geopolítica mundial. En esta franja territorial, el primer lugar
lo ocupa, sin lugar a dudas, la República de Panamá. Ese hermano país es el
epicentro de la "zona canalera", la llave de entrada y salida del
Caribe, que según estudios recientes -y quizás no tan recientes- es un lago
petrolero de proporciones gigantescas.
Costa Rica por su parte, se ha convertido en la capital de
la oligarquía centroamericana. Enormes inversiones en actividades industriales,
agrícolas, inmobiliarias y bancarias, han tenido lugar en virtud del ingreso de
capitales principalmente guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses y
panameños. En ningún otro país de Centroamérica, existe una mayor concentración
de capitales centroamericanos como en Costa Rica.
En esta perspectiva, la oligarquía centroamericana decidió
respaldar la destrucción sistemática del Partido Liberación Nacional, fuerza
decisiva de la consolidación de la reforma social costarricense impulsada por
Calderón, Sanabria y Mora y en la construcción de un notable sector capitalista
Estado e importantes servicios públicos, con la obra de José Figueres.
Ésa
destrucción no fue explosiva y escandalosa, como ha sido el caso del otro gran
partido local, el PUSC, dinamitado con los juicios penales y las acusaciones de
corrupción de dos expresidentes: Calderón y Rodríguez. El PLN fue destruido
desde adentro, de manera paciente y sistemática. Fue copado integralmente en
todas sus estructuras por una camarilla de extrema derecha dotada de enormes
recursos financieros y mediáticos, encabezada por los hermanos Arias.
Es en este sentido que la figura de Óscar Arias y su
galardón del "Premio Nobel", juegan un papel trascendental en
Centroamérica e incluso más allá. Era absolutamente imperativo que Óscar Arias
asumiera de nuevo la presidencia de Costa Rica, aprobara el TLC con los Estados
Unidos, consolidara la alianza estratégica del capital centroamericano con
Costa Rica, alianza de la que el mismo Arias forma parte, y fortaleciera el
polo de la derecha regional con otros países del área.
Existían, sin embargo,
escollos insalvables de orden constitucional. Sin embargo, resultaba imperativo
fraguar un golpe de Estado que catapultara a Óscar Arias a la presidencia del
país ¿Pero cómo? Estaba claro que Arias sólo podía ascender a la presidencia si
se rompía el orden constitucional o lo que es igual, por medio de un golpe de
Estado.
Además, aún siendo indispensable la ruptura del orden constitucional en
Costa Rica, ese golpe sólo podía ser dado si se guardaban todas las apariencias
de una institucionalidad intacta, de modo que no se pusiera en entredicho ni la
Carta Interamericana ni se afectara la imagen de esta impoluta y virginal
democracia latinoamericana.
Para cumplir ese objetivo, era absolutamente indispensable
fraguar el golpe con la plena complacencia de los principales órganos del
Estado: Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo de Elecciones,
Procuraduría, Contraloría y, si fuera del caso, Asamblea Legislativa.
En efecto, el artículo 132 de la Constitución Política de
Costa Rica permitó la reelección, hasta el mes de julio de 1969, cuando
sobrevino una reforma trascendental que la prohibió. La vieja Constitución
decía:
"No podrá ser elegido presidente y vicepresidente:
el que hubiera servido a la presidencia en cualquier lapso
dentro de los ocho años anteriores al período para cuyo ejercicio se verificare
la elección".
Pero aquel día, la Constitución se reformó con la ley número
4349, que prohibió de manera definitiva la reelección de cualquiera que hubiera
ejercido la Presidencia y punto. Sin embargo, mediante el voto número 2771-2003
de las 11:40 horas del 4 abril 2003, es decir, 34 años después de establecida
la prohibición constitucional a la reelección, la Sala Constitucional declaró
inconstitucional aquella prohibición introducida en 1969, abriéndole paso a la
reelección de Óscar Arias.
La interpretación de la Sala no podía ser más grosera y
abusiva. En primer lugar no existía ni|existe ahora, en toda la estructura
jurídica del estado costarricense, una norma que suplante la letra expresa del
artículo 195 de la Constitución que le otorga a la Asamblea Legislativa y a
ningún otro órgano, la potestad exclusiva de
"reformar parcialmente esta Constitución con absoluto
arreglo a las siguientes disposiciones:"... etcétera.
Nótese que la constitución dice " CON ABSOLUTO
ACUERDO"… etc.
Declarar la Sala Constitucional, como inconstitucional una
reforma introducida hacía 34 años, declarando inaplicable el artículo que
prohibía la reelección presidencial, sólo era concebible como un acto
vergonzoso de sumisión y ultraje a la Constitución, realizado con el exclusivo
propósito de que Oscar Arias pudiera reelegirse. La venalidad de los
principales medios de comunicación se hizo patente, la oposición parlamentaria
con escasas excepciones, guardó silencio y las fuerzas democráticas del país no
reaccionamos a tiempo frente a semejante ultraje al estado de derecho y al
órden constitucional.
Antes de ir más lejos, debemos recordar que la Sala IV fue
constituida, casi en su totalidad, por elementos subordinados a Oscar Arias. La
mayor parte de sus integrantes, le deben al nombramiento al pequeño grupo de la
cofradía gobernante.
Pero honor a quien honor merece. Toda esta reiterada
truculencia, llevó al ex presidente Luis Alberto Monge a indicar que
"Oscar Arias le ha metido un bazucaso a la Constitución".
Luego se produjeron, una tras otra, la absoluta
subordinación del llamado Tribunal Supremo de elecciones, el Poder Judicial y
la Asamblea Legislativa a las decisiones de un Poder Ejecutivo espurio,
originado en la violación del orden constitucional vigente. Fin del golpe.
El resto es historia conocida. La cofradía de los Arias, en
estrecho asocio con la oligarquía centroamericana, con este golpe de estado
magistral, logró todos sus propósitos en una sola jugada, desplegada
principalmente en estos últimos cuatro últimos años:
1 - Terminó de copar
al Partido Liberación Nacional y lo subordinó por entero a los intereses
oligárquico-imperialistas.
2 - Se garantizó la tutela de los intereses económicos y
políticos concentrados en Costa Rica,
la aprobación del TLC con los Estados Unidos y el bloqueo del proceso
ascensional del movimiento patriótico.
3 - Inició la conversión de Costa Rica en un enclave seguro,
situado como dijimos, en la zona canalera, en la puerta del Pacífico y en la
cuenca petrolera más importante del mundo, si incluimos al Caribe y a las
inmensas reservas de Venezuela.
Sólo hay algo que superan la perspicacia y la inteligencia
de los enemigos de nuestros pueblos: la estupidez de algunos representantes del
movimiento patriótico costarricense, que le pusieron una barrera infranqueable
a la unidad política y electoral del movimiento cívico, progresista y
latinoamericanista, que ascendía con ímpetu en este pequeño país de
Centroamérica.
Articulo: Alvaro Montero mejía
Fuente: Aporrea
12 de octubre 2009
